Prescripción de la derivación de responsabilidad: la suspensión de la deuda no retrasa el plazo

Cuando la Agencia Tributaria pretende derivar la deuda de una empresa a su administrador, a un socio o a una sociedad vinculada por haber colaborado en la ocultación de sus bienes, la prescripción de esa derivación no se retrasa porque la empresa haya recurrido la deuda y la tenga suspendida. Así lo ha declarado el Tribunal Económico-Administrativo Central en su resolución de 17 de julio de 2026 (RG 00/03900/2023), en la que anula por prescripción la derivación de casi 495.000 euros a una sociedad vinculada al deudor. A juicio del Tribunal, el plazo de cuatro años del que dispone la Administración comienza a correr al terminar el periodo voluntario de pago inicial del deudor principal, y no el que vuelve a abrirse cuando se le deniega la suspensión.

El Tribunal fija dos criterios que, combinados, adelantan el momento en que empieza a correr la prescripción y, con él, la fecha en que la Administración pierde su derecho a derivar. El primero se refiere a la deuda suspendida. El segundo, a las ocultaciones que se articulan a través de varias operaciones sucesivas, en las que la Agencia Tributaria, como hizo en este caso, tiende a situar el inicio del plazo en el último acto de la cadena. Ambos ofrecen un argumento de defensa inmediato a quien tenga hoy abierto un procedimiento de derivación.

Los hechos: una ocultación en dos tiempos y una deuda recurrida

La Agencia Tributaria declaró responsable solidaria, al amparo del artículo 42.2.a) de la Ley General Tributaria, a una sociedad de la que el deudor era socio mayoritario. El deudor, a su vez, había sido declarado antes responsable de las deudas de otra mercantil, de modo que una derivación se encadenaba con otra. Según la Administración, la ocultación se produjo en dos tiempos. En 2018, el deudor aportó a la sociedad, en una ampliación de capital, un crédito que ostentaba frente a un tercero, y este lo satisfizo entregando a la sociedad participaciones de otra compañía. En 2021, la sociedad vendió esas participaciones a un comprador ajeno y cobró casi medio millón de euros.

La controversia se centró en las fechas. La Administración sostuvo que la ocultación culminó en abril de 2021, cuando la sociedad cobró el precio de la venta, de modo que el procedimiento de derivación, iniciado a comienzos de 2023, estaba en plazo. La sociedad defendió lo contrario. Si hubo ocultación, terminó en 2018 con la aportación del crédito, porque nada vinculaba esa operación con una venta posterior en la que intervinieron otros socios y un comprador independiente.

Quedaba, sin embargo, una segunda cuestión que podía dejar sin efecto la primera. Para entenderla conviene recordar cómo se cuenta el plazo. El artículo 67.2 de la Ley General Tributaria dispone que la prescripción del derecho a derivar a un responsable solidario empieza a correr cuando termina el periodo voluntario de pago del deudor principal. Si los hechos de la ocultación son posteriores, se cuenta desde esos hechos. Dicho de otro modo, el plazo arranca en la más tardía de esas dos fechas.

En el caso, el deudor principal no pagó su deuda en periodo voluntario: la recurrió y pidió la suspensión, que le fue denegada. Cuando se deniega una suspensión solicitada en periodo voluntario, el obligado dispone de un nuevo plazo para pagar. Así, el deudor principal tuvo dos periodos voluntarios: el inicial, que venció en diciembre de 2016, y el que se abrió al denegarse la suspensión, que terminó en julio de 2019. Si contara este segundo, la prescripción no se habría completado hasta julio de 2023, después de que la Agencia Tributaria iniciara la derivación, y daría igual que la ocultación hubiera terminado en 2018 o en 2021. La pregunta era, por tanto, cuál de los dos periodos marca el inicio del plazo. El TEAC respondió que cuenta el primero, el periodo voluntario inicial. Y como, además, situó el final de la ocultación en julio de 2018, el plazo empezó a correr en esa fecha y había vencido cuatro años después, mucho antes de que se iniciara la derivación. Estimó, por ello, la reclamación y anuló el acuerdo por prescripción.

Primer criterio: la suspensión no retrasa el inicio del plazo

El razonamiento del TEAC parte de una distinción sencilla. La suspensión cautelar impide a la Administración cobrar la deuda mientras se mantiene, pero no le impide declarar responsables a terceros. Para sostenerlo, el Tribunal acude a la STS 487/2021, de 8 de abril (Sala Tercera, Sección Segunda, RCA 1107/2020). Esa sentencia admitió que se derivara al responsable del artículo 42.2.a) una sanción recurrida y, por ello, automáticamente suspendida, con la sola salvedad de que no puede exigírsele mientras dure la suspensión. El TEAC considera esa conclusión plenamente trasladable a las deudas suspendidas a petición del deudor. Si la Administración podía derivar desde el primer momento y no lo hizo, su inactividad no puede alargar el plazo del que dispone.

La consecuencia práctica trasciende el caso. El recurso del deudor principal, que en vía económico-administrativa se prolonga a menudo durante años, no protege a la Agencia Tributaria frente al paso del tiempo en la derivación a terceros. Mientras la deuda permanece suspendida, el plazo para declarar responsables sigue corriendo, salvo que se interrumpa por otras causas, a las que nos referiremos más adelante. Quien recibe un acuerdo de derivación años después de que venciera el periodo voluntario inicial del deudor principal tiene en esa fecha un motivo de impugnación que debe examinar antes de discutir el fondo.

No se trata de un pronunciamiento aislado. El TEAC califica el criterio como doctrina y advierte que reitera el de su resolución de 16 de junio de 2026 (RG 1367/2024). La doctrina reiterada del Tribunal Central vincula a los tribunales económico-administrativos regionales y al conjunto de la Administración tributaria.

Segundo criterio: el último acto solo cuenta si la Administración prueba un plan único

Descartado el segundo periodo voluntario, quedaba por saber cuándo terminó la ocultación, y la pregunta era decisiva. Como la ocultación fue posterior al periodo voluntario inicial, que había vencido en 2016, el plazo de cuatro años empezaba a contar el día en que la ocultación terminó. Si terminó en 2018, la derivación llegaba tarde. Si terminó en 2021, llegaba a tiempo.

Para resolverlo, el TEAC recuerda su propia doctrina. Una ocultación no siempre se hace de una sola vez: a veces se reparte en varias operaciones, una detrás de otra, y en ese caso el plazo no empieza a contar con la primera, sino con la última. Es una regla que, en principio, favorece a la Administración, y en ella se apoyó la Agencia Tributaria para sostener que la ocultación no terminó hasta que la sociedad cobró el precio de la venta, en 2021.

Pero el TEAC introduce un matiz decisivo: no basta con que haya varias operaciones para tratarlas como una sola. Para que cuente la última, tiene que quedar acreditado que todas formaban parte de un mismo plan, pensado desde el principio para impedir el cobro, y que cada una conduce a la siguiente sin interrupción. Esa prueba corresponde a la Administración. Si no la aporta, las operaciones se valoran por separado, y el plazo empieza a contar desde aquella con la que el perjuicio para la Hacienda Pública quedó consumado.

En el caso, el TEAC no encontró esa prueba. Nada en el acuerdo de derivación unía la aportación del crédito de 2018 con la venta de 2021, y varios datos apuntaban en sentido contrario. En la venta intervinieron otras sociedades no vinculadas al deudor. Como alegó la propia sociedad, era socia minoritaria de la compañía vendida, de modo que la decisión de vender no estaba en sus manos. Entre una operación y otra pasaron casi tres años. Y la venta tenía una explicación económica propia, ajena a cualquier propósito de ocultar.

Para el TEAC, el perjuicio a la Hacienda Pública se produjo en 2018, cuando el crédito salió del patrimonio del deudor. Hasta ese momento, la Agencia Tributaria podía embargarle un crédito fácil de cobrar. A partir de entonces, solo podía embargarle participaciones en una sociedad, mucho más difíciles de convertir en dinero. Desde ese día la Administración pudo dirigirse contra la sociedad que recibió el crédito, y desde ese día empezó a correr el plazo.

Lo que la resolución deja abierto

Con todo, la resolución no cierra todas las puertas a la Administración. No analiza si la reclamación del deudor principal o las actuaciones de cobro seguidas contra él interrumpieron el plazo frente a la sociedad. El artículo 68.8 de la Ley General Tributaria lo permite, porque extiende a los responsables la interrupción producida frente a otro obligado. Previsiblemente, será el argumento con el que la Agencia Tributaria intente salvar derivaciones parecidas, y por eso en cada expediente hay que revisar todas las actuaciones dirigidas al deudor principal. Además, el criterio no vincula a los tribunales de justicia, y no se aplica sin más cuando lo suspendido es una sanción, supuesto para el que el TEAC remite a su doctrina de 14 de abril de 2026.

Cuándo alegar la prescripción

En las derivaciones por ocultación no pueden impugnarse las liquidaciones de origen, como explicamos en nuestro análisis de la derivación de responsabilidad tributaria, y por eso la prescripción merece un examen propio antes de discutir el fondo. Puede plantearse ya en el trámite de audiencia y, después, en el recurso de reposición o en la reclamación económico-administrativa, que se interponen en el plazo de un mes desde la notificación del acuerdo.

Si ha recibido una comunicación de inicio o un acuerdo de derivación por ocultación de bienes, en Olen Legal podemos revisar si la acción de la Administración ha prescrito antes de que venza el plazo para alegar.

Preguntas frecuentes

¿Desde cuándo prescribe el derecho a derivar la responsabilidad por ocultación de bienes?

Desde el día siguiente al fin del periodo voluntario de pago del deudor principal o, si la ocultación es posterior, desde que terminó. El plazo es de cuatro años.

¿Retrasa ese plazo que el deudor principal haya recurrido y suspendido su deuda?

No, según el TEAC. La suspensión no impide a la Administración derivar, así que cuenta el periodo voluntario inicial y no el que se abre al denegarse la suspensión.

¿Y si la ocultación se hizo en varias operaciones?

El plazo solo empieza con la última si la Administración prueba que todas respondían a un mismo plan. Si no, cuenta la operación con la que se consumó el perjuicio.

¿Es obligatorio este criterio para la Agencia Tributaria?

Sí. Es doctrina reiterada del TEAC y vincula a la AEAT y a los tribunales económico-administrativos regionales, aunque no a los tribunales de justicia.